Sin el escrutinio público que tradicionalmente generaría un tema tan sensible y bajo dos acciones que difícilmente se concretarán, el país, de manera oficial, inicia un camino para abordar la “desinformación y el contenido falso en línea”.
Los creadores del documento público tomaron la decisión de combatir la desinformación bajo dos acciones.
La primera de ellas tiene que ver con la articulación interinstitucional y la segunda con la creación de un espacio de diálogo con algunos actores que deberán crear políticas públicas medibles.
No es la primera vez que se intenta legislar o crear política pública sobre la desinformación en Colombia. En el 2021, el representante Gustavo Hernán Puentes escribió un Proyecto de Ley, que entre otras cosas, “buscaba combatir las noticias falsas que frecuentemente circulan por los diferentes medios informales de difusión de información o por las redes sociales y las cuales generan desinformación entre los ciudadanos”
En el 2019, en un contexto electoral, el Gobierno Duque intentó firmar el Pacto Ético por la Información con el argumento del uso de “bodegas” y estrategias de desinformación.
En los últimos cinco años se han hecho foros, debates, estrategias de redes sociales, discursos, convocatorias y cualquier actividad imaginable, pero todo lo que se ha hecho, en concreto, no ha tenido resultados medibles en la lucha contra la desinformación.
En esta oportunidad los creadores de la Estrategia Nacional Digital del país tomaron la decisión de abordar el tema con acciones que a la luz de la historia y las evidencias terminarán en el olvido.
Quienes creen que el camino para luchar contra la desinformación en Colombia inicia con “promover iniciativas y esfuerzos de articulación interinstitucional” para que se aborden los riesgos asociados a la desinformación claramente no saben que, en materia de comunicación pública, la idea quizás es irrealizable. No hay nada más desarticulado que la información pública.
Solo por nombrar un caso de desarticulación Las dos cifras existentes sobre la formalización de tierras para la reforma rural. El Ministerio de Agricultura, en su momento dijo que eran 325.000 hectáreas y la ANT que eran 1.215.000, según reportó El Espectador. Una situación que no solo se da en este caso. Son varios y no solo afectan este gobierno, sino que ha sido una constante en la información pública de Colombia.
Coordinar a cientos de profesionales de comunicación que tienen que responder por el día a día, es una tarea casi que imposible en la práctica. Por varias razones: La mayoría de los comunicadores profesionales carecemos de las habilidades técnicas y de conocimiento acerca de las complejidades de la desinformación. No existe una sola universidad en Colombia que tenga al menos una clase que aborde académicamente lo que hoy se conoce en el mundo técnico como Disinformation.
¿Qué harán todos los profesionales del Estado — coordinados y alineados — encargados de la comunicación cuando aparezca el primer Deepfake que tenga consecuencias reales en la seguridad del país?
La coordinación interinstitucional no es garantía de nada. Desde gobiernos anteriores se ha intentado, sin éxito.
En el gobierno Santos se creó algo llamado Sinergia Digital donde intentaron reunir a todos los Community Managers del Estado para coordinar mensajes. La super idea terminó en un spam de mensajes digitales y el resultado: se perdió el plebiscito por la paz, entre otras razones, por vectores de desinformación.
La otra decisión que tomó este gobierno en su plan digital para combatir la desinformación tiene que ver con generar espacios de dialogo para la construcción de políticas públicas.
La sociedad civil, academia y organismos multilaterales deberán trabajar para crear insumos “para el diseño de iniciativas de política pública orientadas a desarrollar una integridad de la información”.
El redactor de esta acción olvidó al menos nombrar a las plataformas tecnológicas que tienen operación en Colombia y donde buena parte de la desinformación se crea, viaja y engaña a millones de personas todos los días.
Sin la presencia y opinión de las plataformas tecnológicas es mejor que no se haga nada. Todo lo que se intente será irrelevante ante el peso, reglas, dinero y poder que actualmente tienen en Colombia Meta, Google, Tik Tok, Kwai, Reddit, Telegram.
También sería útil saber cuál institución universitaria viene trabajando el tema en el país. Si la idea es convocar a la academia para que aporte seguramente tenemos un buen número de facultades de comunicación social que puedan mostrar en concreto sus trabajos sobre desinformación.
Finalmente, el documento del gobierno habla de definir mecanismos de monitoreo y medición de impacto de las iniciativas públicas que se creen.
Claro, primero alguien tendrá que crearlas (¿quién?) pero dudo mucho que alguien pueda medirlas ya que actualmente este, ni ningún gobierno en el pasado, ha intentado establecer un marco de medición de la comunicación pública.
En la práctica saber si una actividad de comunicación es buena o mala pasa por el concepto de un gurú que tiene el país en la cabeza y que no es capaz de diferenciar una impresión de un clic.
Sin un marco de medición profesional de la comunicación pública poco o nada se puede evaluar.
Se planea crear una medición del impacto de las medidas públicas para frenar la desinformación cuando ni siquiera se tiene un marco para evaluar la información “verdadera”.
Finalmente, estas dos tímidas acciones contrastan con verdaderos planes para combatir la desinformación en la región. Colombia está lejos de tener los avances que ya tiene Chile luego de que un Comité de Asesores empezara a trabajar para, primero, comprender qué es eso de la Desinformación.
Y ni hablar de Brasil que ya va en un proyecto de Ley.
Solo basta ver este mapa para comprender la situación de un país inundado de Desinformación frente a otras naciones que sí le han apostado a trabajar en serio en este tema.
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